«PLENO ACCESO A LA JUSTICIA» EN NUEVA CARTA MAGNA QUE SE PLESBICITA EN SEPTIEMBRE

Aunque diariamente vemos series de televisión donde se mencionan garantías procesales, no para ayudar a las personas acusadas sino para sancionar a los verdaderos culpables y las víctimas tengan así un mínimo de reparación. Sin embargo, muchos se molestan cuando dichas garantías son aplicadas en Chile.  Esos temas son incluidos también en la Propuesta Constitucional 2022, donde además se incluye el derecho de las victimas a Pedir Justicia.

El Artículo 108 asegura el derecho personal “al pleno acceso a la justicia y a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, de manera oportuna y eficaz conforme a los principios y estándares reconocidos en la Constitución y las leyes”. La nueva Constitución  obliga a que  el Estado vaya removiendo “los obstáculos sociales, culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales para la tutela y el ejercicio de sus derechos”.

Además de un trato digno, se  asegura el derecho a asesoría jurídica gratuita  a quien no pueda obtenerla por sí misma.  Habrá especial resguardo del interés superior de infantes y adolescentes en su calidad de víctimas, junto con incorporar una perspectiva intercultural, el acceso a la Justicia Ambiental, entre otros resguardos.

En cuanto a las personas imputadas o investigadas, el  Artículo 109  menciona que  el “derecho a un proceso razonable y justo en que se salvaguarden las garantías” de la Constitución, la ley y  tratados internacionales , proceso que debe ejecutarse en  un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley.

Toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada en igualdad de condiciones y dentro de un plazo razonable, mientras que las sentencias serán fundamentadas, con pleno derecho a defensa jurídica, sin que nadie pueda ser privado de su libertad arbitrariamente ni esta ser restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y la ley.

Esto implica que ninguna persona puede ser arrestada sino por orden judicial, salvo que fuera sorprendida en delito flagrante, detenido que solo podrá permanecer en su domicilio o en sitios autorizados previamente, para ser puesto a disposición del tribunal competente en un plazo máximo de veinticuatro horas. Además, se prohíbe la detención por deudas, salvo en caso de incumplimiento de deberes alimentarios.

El Artículo 111 abunda en que todos tenemos ciertas garantías penales mínimas como que la investigación o procedimiento que restrinja derechos debe ser autorizado por un tribunal, conocer los antecedentes de la investigación seguida en su contra, salvo ciertas excepciones, la Presunción de inocencia, no presumir responsabilidad penal de derecho. Está el Derecho a “Guardar silencio y no ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su responsabilidad”, ni tampoco sus familiares directos, entre otras garantías.

En tanto, el Artículo 112 reitera el precepto de que no se puede condenar por delitos  o con penas que no estuvieran tipificados desde antes.

Finalmente, el Artículo 113 crea el Servicio Integral de Acceso a la Justicia, para   prestar asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *