Condenan a 5 años de libertad vigilada a exalcalde de Puerto Varas

  • Berger no irá a prisión, sino que cumplirá su condena bajo el sistema de libertad vigilada intensiva, pagando además el 50% de lo defraudado, en 10 cuotas.

A eso de las 21 horas de ayer, se efectuó la lectura de sentencia del ex alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, quien fue acusado de fraude al fisco, por un viaje efectuado a la ciudad de Bariloche en el 2015, donde no se cumplió el itinerario.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó al ex edil a la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de autor del delito consumado de fraude al fisco. Ilícito perpetrado en septiembre de 2015, en la comuna de Puerto Varas.

Junto con esto, el tribunal, aplicó a Berger las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y la inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos por el término de 5 años; más el pago de una multa a beneficio fiscal equivalente al 50% del perjuicio irrogado

En esta materia, el concejal por la comuna de Puerto Varas, Marcelo Salazar señaló que esta sentencia es, a su juicio, importante ya que sienta un precedente claro en lo que es la probidad en la gestión de recursos públicos, por parte de todas las autoridades, sean nacionales o locales.

Cabe recordar que la acción que generó este juicio tuvo que ver con el hecho de que dicho viaje tuvo un costo superior a los $5 millones, a costa de la Municipalidad de Puerto Varas, donde el mismo Berger viajó a la zona turística argentina junto a tres concejales, siete funcionarios y una mujer que, en esa fecha, era su pareja sentimental.

Pese a la magnitud del ilícito, el exalcalde Berger no irá a prisión, sino que cumplirá su condena bajo el sistema de libertad vigilada intensiva, pagando además el 50% de lo defraudado, en 10 cuotas.

En este caso, participaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y a la Municipalidad de Puerto Varas.

Finalmente, se impuso al condenado la “Obligación de cumplir programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de tratamiento de la violencia u otros similares”.

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