- Se señaló que la omisión de la consulta indígena vulneró el deber del Estado de realizarla, tal como lo establece el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Por tanto, ordena revisar el proceso para cumplir con el debido procedimiento de consulta.
La Corte Suprema ha resuelto un recurso de protección presentado por diversas entidades y ciudadanos contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En el recurso, se impugnaba la declaratoria del Casco Histórico de la ciudad de Castro como Zona Típica o Pintoresca, alegando la falta de consulta a comunidades indígenas y la vulneración de garantías constitucionales.
El tribunal acogió parcialmente el recurso y ordenó retrotraer el procedimiento de la declaratoria. Según la sentencia, se debe evaluar la procedencia de iniciar un proceso de Consulta Indígena con las personas y comunidades indígenas que se encuentran en el área de influencia de la declaratoria antes de continuar con el trámite.
Los recurrentes, que incluyen al Sindicato de Artesanos Ancestrales de Castro, la Comunidad Indígena Muchulla Mapu, entre otros, alegaron que la declaratoria se llevó a cabo sin notificación pública adecuada y sin consulta a las comunidades indígenas afectadas. También señalaron que la medida podría restringir el uso y desarrollo de las propiedades dentro del área afectada.
Por su parte, los representantes del Estado, el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, argumentaron que la declaratoria busca proteger el Casco Histórico de la ciudad y sólo somete a los bienes a un régimen autorizatorio limitado.
La Corte Suprema determinó que la omisión de la consulta indígena vulneró el deber del Estado de realizarla, tal como lo establece el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Por tanto, ordena revisar el proceso para cumplir con el debido procedimiento de consulta.
Esto fue bien valorado por parlamentarios de la zona, entre ellos, el diputado Fernando Bórquez.
En tanto, el diputado Alejandro Bernales, del Partido Liberal, llamó a no apresurar este tipo de medidas.
Cabe mencionar que los vecinos de la ciudad de Castro argumentaron que la autoridad no notificó adecuadamente la decisión, infringiendo su derecho a ser informados y participar. Además, cuestionaron la falta de justificación para la declaratoria y afirmaron que podría acarrear restricciones y perjuicios para sus actividades. Finalmente, acusaron que la decisión pudo haber sido motivada por intereses distintos a los culturales.
En resumen, los vecinos cuestionaron la legalidad, transparencia y fundamentos de la declaratoria de zona típica en la ciudad, situaciones de las cuáles sólo fue aceptada por Tribunales el que no se haya llevado a cabo una consulta indígena.
