- En el marco del caso Convenios, los trabajadores del Gobierno Regional de Los Lagos se pronunciaron públicamente – junto a su abogado – para manifestar su preocupación por actos que, aseguran, atentan contra el ejercicio laboral y derecho a la privacidad de cada funcionario.
A través de una declaración pública, la asociación de funcionarios del gobierno regional se refirió a los acontecimientos ligados al caso Convenios, donde se investigan presuntos delitos cometidos en esta repartición.
En el escrito manifiestan que han puesto a disposición de las autoridades, toda la información que se requiere para que se lleve a cabo dicha investigación. Todo esto, con la finalidad de que se sancione a los responsables de estos hechos.
Señalaron mediante el escrito, que mantienen preocupación y rechazo por los actos, que, a juicio de ellos, atentan contra el ejercicio laboral y derecho a la privacidad de cada uno de los funcionarios que componen este servicio.
Junto con esto, exigieron a la autoridad competente, en este caso fiscalía y PDI, respeto a las garantías de los trabajadores y funcionarios de este organismo. También aludieron que participaran de este proceso, pero con los resguardos correspondientes, donde asume como su representante el abogado Oscar Montecinos.
También y como parte importante de esta declaración, comentaron que el Gobierno Regional no ha sido un ente garante de los derechos de sus funcionarios, siendo que, y como argumentaron, esta entidad es una organización jerárquica, donde los últimos sólo se atañen a recibir instrucciones y actuar en conformidad de éstas.
En la oportunidad el presidente del organismo, Jorge Loncón señaló que se vieron de cierta manera vulnerados y sometidos al escrutinio público, tras los hechos narrados a través de medios de comunicación, donde se pudo observar rostros de funcionarios a la opinión pública, siendo tratados como delincuentes.
Como radio reloncavi consultamos a través de transparencia las facultades de los CORES en los procesos de aprobación de proyectos, donde se nos indicó que no cuentan con probidad administrativa por lo que no podrían revisar si los organismos cuentan con la expertis, capacidad profesional e infraestructura para efectuar los proyectos presentados. Se señaló que son las divisiones en este caso y la oficina administrativa del gobierno regional, los que deben velar por dichas instancias. En la ocasión se le consultó esto al presidente del organismo, a lo que contestó.
También señalaron que las opiniones vertidas por el propio gobernador Patricio Vallespin, en relación a que las acciones que se investigan, generalizan, encasillando a todos los funcionarios como posibles ejecutores de estas malas prácticas, poniéndolos en entredicho, cosa que los afecta profundamente, y por la que hizo necesario, según ellos, efectuar esta declaración.
Agregaron que no han podido dialogar con la máxima autoridad regional, debido a su ausencia, por el hecho de que se encuentra en una gira, pero que si tiene contemplado poder reunirse con el gobernador.